Human Rights Watch señala que Sheinbaum enfrenta "una crisis de derechos humanos" provocada por la violencia en México | EL PAÍS

La presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo el pasado 1 de octubre, ha heredado “una crisis en derechos humanos” provocada por la violencia extrema que asola al país, según el más reciente informe anual de Human Rights Watch (HRW). La ONG internacional atribuye esta ola de violencia, principalmente, a dos factores: el crecimiento del crimen organizado y “los abusos sistemáticos perpetrados por agentes del Estado con una impunidad prácticamente total”. El informe de la organización, publicado este jueves, señala al expresidente Andrés Manuel López Obrador como responsable de la situación crítica, al haber realizado “pocos avances para enfrentar estos desafíos”.

El informe repasa numerosos asuntos clave que han sido capítulos de la crisis de violencia que atraviesa el país. Casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, o aristas que incluyen al sistema judicial, ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, y las consecuencias de la brutal desigualdad que habita México. “A nivel nacional, la tasa de homicidios bajó ligeramente, por tercer año consecutivo, de 25,9 en 2022 a 24,9 en 2023. Sin embargo, el número de denuncias de desapariciones ha aumentado”, destaca HRW. El documento señala como contraproducentes dos medidas impulsadas por López Obrador, la expansión del papel de los militares en la seguridad pública y el cambio radical al sistema de justicia, porque “podrían perpetuar los abusos y socavar gravemente el Estado de derecho”.

Sobre la reforma judicial de López Obrador, la organización alerta que “podría debilitar la independencia judicial y socavar el derecho a un juicio justo”. Lo hace sin defender al desempeño de ese poder en los últimos años. “El sistema de justicia penal es extremadamente ineficaz. Las fiscalías no investigan de manera eficaz la mayoría de los delitos y violaciones de los derechos humanos, incluyendo los abusos cometidos por agentes del Estado y los delitos graves como el homicidio y las desapariciones forzadas”, dice. “Sólo el 16% de las investigaciones penales fueron resueltas en 2022, bien sea en los tribunales, a través de la mediación o de algún tipo de compensación. Con frecuencia, las personas acusadas de delitos son sometidas a graves abusos, como la tortura y el uso excesivo de la prisión preventiva”.